Perú al 2030: Retos y avances para las energías renovables

Los efectos del cambio climático requieren ser abordados con la urgencia con la que vemos sus impactos destructivos. No existe un futuro donde la inacción sea una opción viable para la humanidad y el medioambiente. Ante ello, existe el compromiso por parte de la comunidad internacional por realizar un esfuerzo global para contrarrestar el calentamiento global y redirigirnos a un futuro sin emisiones de carbono y resiliente al clima.

Estos esfuerzos son las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que recogen la ambición de cada país para reducir las emisiones a partir de sus políticas nacionales en el marco de la acción colectiva. En ese contexto, en diciembre del 2018, el Perú definió sus compromisos en mitigación y adaptación al cambio climático al 2030. Estos compromisos , elaborados por el Grupo de Trabajo Multisectorial para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC), aportan también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El cumplimiento de estos compromisos es un reto y una oportunidad importante para el país: las NDC implican una serie de acciones que requieren mayor eficiencia en las actividades productivas, la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, la implementación de proyectos de energías renovables, así como de medidas que incrementen la resiliencia, entre otras. Dichas acciones puestas en marcha de forma adecuada colocarán al país en vías de un crecimiento que más allá de su productividad, sea sostenible, equilibrado e inclusivo, en lo cual el acceso a la energía también posee un rol vital.

En este tema, energía y cambio climático, se establecieron dos medidas de mitigación: (i) el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red y (ii) cocción limpia.

En el primer caso, la meta es lograr la electrificación de cada una de las viviendas y servicios sociales del país y garantizar que estas se mantengan en operación más allá del 2030. Las acciones, iniciadas en el 2010, continúan y a la fecha se puede estimar que en los siguientes años alcancen a un aproximado de 500 000 viviendas . Para ello, se trabaja en un modelo de gestión que integra a la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER-MINEM) como principal implementador; a las empresas públicas de carácter privado de distribución eléctrica como propietario de los sistemas fotovoltaicos y administradoras de los sistemas fotovoltaicos; al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) como entidad que fija las tarifas fotovoltaicas; las empresas privadas que instalan y se encargan del mantenimiento del sistema fotovoltaico; y finalmente al usuario del sistema fotovoltaico.

A pesar de tratarse de un esfuerzo articulado, la sostenibilidad de las instalaciones ha obtenido diferentes resultados, por lo que hay que detenerse a evaluar el porqué del éxito de algunas y las fallas de las otras en el funcionamiento de la tecnología, su gestión o la obtención de repuestos.

En mayor medida, existe el consenso –como en todo proceso– de que se requieren realizar mejoras que garanticen la sostenibilidad de las acciones, como por ejemplo:

  • Realizar un diagnóstico sobre los sistemas fotovoltaicos instalados para identificar mejoras técnicas, económicas, ambientales y sociales.
  • Llevar a cabo un censo energético rural que permita identificar donde están y cuanta es la población sin servicio eléctrico
  • Aumentar el servicio eléctrico al usuario debido a que en la actualidad la energía le resulta insuficiente para poner un pequeño negocio o desarrollar alguna actividad productiva o finalmente una mayor prestación del servicio.
  • Fortalecer el sistema de supervisión de las instalaciones para garantizar un servicio eléctrico adecuado.
  • Generar capacidades en cada zona para que la mayoría de actividades se desarrolle localmente, a fin de garantizar un servicio más oportuno y reducir los costos de la administración de los sistemas fotovoltaicos.
  • Revisar el proceso de fijación de tarifas tanto para el sector público y privado, considerando no solo la geografía sino también la distancia y/o tiempos desde la ciudad comercialmente más importante para tener tarifas más reales.
  • Diversificar las fuentes de energías renovables y la tipología de las mismas para aprovechar mejor las distintas fuentes de energías renovables.
  • Generar un mercado de electrodomésticos en corriente continua o alterna que atienda las necesidades de cada zona.